El Estado salvadoreño versus la gestión comunal del agua

Las juntas de agua suman 2,325 y atienden a un 25 por ciento de la población con acceso a agua potable. Con la actual propuesta de la Ley General de Recursos Hídricos, esta figura podría quedar sin reconocimiento, afectando a más de un millón y medio de usuarios.

Carmen de García y Gerson Vichez

“Si no nos quieren reconocer [como juntas de agua], somos capaces de paralizar El Salvador”. Esto lo dijo Arely Salas, secretaria de la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua de Suchitoto, ante la posibilidad de quedar sin reconocimiento en la Ley General de Recursos Hídricos que actualmente discute la Asamblea Legislativa. 

Para entender la sentencia de Arely hay que pasar revista a un par de cifras. De acuerdo a un catastro realizado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en 2015, en El Salvador existían 2,325 sistemas comunales de agua, también conocidos como juntas comunales de agua, juntas de agua o simplemente juntas. Según los voceros de estas, de 2015 a la fecha el número ha aumentado a más de tres mil. Las juntas abastecen de agua potable a más de 1.5 millones usuarios y están diseminadas por todo el país. 

El anteproyecto de ley que estudia la Asamblea no es el que por más de 15 años discutieron organizaciones sociales, academia y partidos políticos en la Asamblea Legislativa, sino uno propuesto por el actual gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). En ese contexto, las juntas hicieron diferentes propuestas a la Asamblea Legislativa, que pueden resumirse en dos puntos: creación de la figura de Juntas de Agua Potable Rurales y Urbanas y permisos para el abastecimiento de poblaciones rurales y urbanas. 

Las propuestas de las organizaciones no fueron recibidas por los diputados de la comisión que estudió este anteproyecto. El proceso de discusión finalizó el 21 de octubre. “Al no existir un reconocimiento y una regulación de esta figura, el Estado se puede desvincular de estos sistemas comunitarios (…) y al no otorgarles el permiso especial solicitado, se pone a un mismo nivel a las juntas de agua y a las grandes empresas”, explicó la abogada y miembro del Foro del Agua, Dalia González. 

Acerca del permiso para el abastecimiento de poblaciones rurales y urbanas, durante la discusión del articulado en la comisión ad hoc para esta ley, la diputada por el FMLN, Dina Argueta, propuso un artículo de “autorización de poblaciones rurales”, pero su incorporación solo contó con un voto: el de la parlamentaria. 

Medio siglo igual

Para un 25% de la población con acceso a agua potable, los sistemas comunales fueron la respuesta a la falta de servicio en sus comunidades. Arely recuerda que durante su infancia y adolescencia debía hacer largos recorridos para abastecerse de agua en los ríos, también para lavar ropa y trastos. Y en el caso del agua para consumo, debían tomarla de nacimientos.

«Del (año) 97 en adelante se empiezan a hacer sistemas de agua comunitarios desde las municipalidades y la cooperación internacional ayuda con proyectos para crear el acueducto y quedan al frente las mismas comunidades que han trabajado en ese entonces. Así nacen a nivel nacional. ANDA no tuvo mucho que ver, salvo hasta el período de Mauricio Funes –creo que tenemos que mencionarlo– que hace el decreto de declaratoria de interés social donde los sistemas de agua somos de labor social. No nos lucramos por llevar el servicio de agua a nuestras comunidades, sino que lo hacemos de manera voluntaria porque no tenemos un salario por estar viendo la parte operativa y administrativa de nuestros sistemas o juntas de agua», explicó Salas.

Las idas y venidas del Estado y las comunidades en este tema son de larga data. En 1961 Estados Unidos promovía la modernización de los gobiernos de la región, incluido el de El Salvador. Una de las ideas de moda era la centralización de los servicios básicos en el ejecutivo, así surgieron entidades como ANDA, para proveer agua potable y saneamiento a todo el territorio nacional. Su nacimiento suprimió a las administraciones locales de este servicio.

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ANDA no pudo con la administración total del servicio y varias comunidades respondieron con la autogestión. Por eso, en diciembre de 1972, el Ejecutivo creó el Reglamento de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales. En 1980 el Gobierno intentó retomar la deuda con el sector rural y, a través del Ministerio de Salud, creó: Acueductos Rurales, Programa de Introducción de Agua Potable en Áreas Rurales (PIAPAR), Departamento de Acueductos Rurales. En este año también creó el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR). 

“En esos años sí estuvo regulado el tema de las juntas de agua. Las juntas de agua que estaban en el PLANSABAR sí tenían su propio reglamento. El problema es que cuando se da esa transición, se corta todo el financiamiento que tenía el MINSAL, esto se traslada a la ANDA de regreso a finales de los ochenta, en una forma desordenada. Al hacerse ese cambio el reglamento desaparece”, apuntó Óscar Ruiz, hidrólogo y miembro de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA).

En 1995, el Estado abandonó a PLANSABAR dejando sin gerencia a más de 300 sistemas rurales construidos. Some online casinos offer only a specific game, others offer multiple games in the casinodulacleamy.com same provider. La respuesta de las comunidades llegó casi de inmediato, por eso en 1998, para solventar el abandono gubernamental, crearon la Asociación Nacional para Defensa, Desarrollo y Distribución Agua Rural (ANDAR). Pero tendrían que esperar hasta el 2009 para contar con respaldo oficial, a través de ANDA, que retomó el artículo 2 de su ley donde dice: “ayudar a proveer” y constituyó la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales (GASCR) con el objetivo de “promover procesos de fortalecimiento y capacitación de juntas de agua”.

En 2013, a través de GASCR, más de 800 Juntas de Agua fueron declaradas “Proyectos de Interés Social”, a través de un certificado de declaratoria otorgado por la Junta de Gobierno de la ANDA. Esto las exoneró del pago de impuestos por explotación del agua, impactando directamente en la disminución de sus costos de operación. Esta dinámica se repetiría un par de veces más en la Asamblea Legislativa, pero esas mismas legislaturas que reconocieron el trabajo de las juntas, no lograron ponerse de acuerdo para la aprobación de una la Ley General de Aguas que las tomara en cuenta ni en la aprobación de un reglamento para estas. 

Las voces de las comunidades

Uno de los 300 sistemas de agua potable que PLANSABAR y el MINSAL dejaron abandonados a mediados de los noventa, fue el del cantón Cangrejera, en el municipio de La Libertad. José Dolores Romero, presidente de la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento (ASAPS), recuerda que “la comunidad se vio obligada a reunirse para ver cómo levantar el sistema, porque no había agua”. Al final el sistema fue reparado y ampliado por la comunidad y la municipalidad, y ahora es administrado por la Asociación de Agua Potable de Cangrejera. 

De los 262 municipios del país, 237 cuentan con administraciones autónomas de agua potable. Es decir, en el 90 por ciento del territorio nacional existen comunidades que han asumido el rol del Estado de proporcionar agua potable. La historia que inició en 1972 parece que casi medio siglo después no encuentra final. El temor de muchos representantes de estos sistemas es que con la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos sus costos aumenten y les dificulte el servicio a sus comunidades.

Otra de las juntas de agua del departamento de La Libertad es la Junta de Agua de Huizúcar, fundada en 1990 que garantiza el agua potable a más de dos mil personas. “Nosotros no tenemos ganancias, nosotros con el consumo que las familias pagan eso es para darle el mantenimiento al sistema”, comentó Evelyn Monge, representante de esta junta. “Si nos cobran igual que una empresa que obtiene ganancias por extraer el agua es un impuesto que se le trasladaría a cada familia”, agregó.

En el municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, existen 34 sistemas de agua autónomos. El presidente de la Asociación de Sistemas Comunitarios de la Juntas de Agua de Suchitoto, Nelson Ayala, cuenta que este trabajo inició en 1987 y que pasaron de tomar el agua de vertientes a contar con pozos profundos. También destaca la formación que han tenido durante estos años para lograr calidad en la potabilización del agua. “Como juntas de agua estamos a la expectativa de cómo queda esa ley. Si hay necesidad de hacer acciones [de presión] las haremos”, detalló Ayala. 

“Las juntas de agua hacemos un papel que no nos toca a nosotros, le toca al gobierno, sin embargo, nosotros le estamos dando a más de un millón 400 mil personas agua”, añadió Romero. 

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La importancia de ser nombrado

Hablar de las juntas de agua encierra una ironía, aunque más de un millón y medio de salvadoreños recibe agua potable administrada por estas, no existen jurídicamente. Es decir, la administración comunal del agua es hecha por asociaciones, organizaciones, oenegés y asociaciones de desarrollo comunal (ADESCOS), porque no hay un marco regulatorio específico para las juntas de agua y, a la fecha, tampoco existe un reconocimiento a su trabajo en el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos.

“Han tenido que legalizarse como adescos o como asociaciones, que son las figuras que usan hoy por hoy, que son vía código municipal; o como asociaciones u organizaciones sin fines de lucro, que el rector es el Ministerio de Gobernación. Ninguna de estas dos figuras legales tienen una regulación o normativa específica para el tema de administración de agua potable rural. Una junta de agua debe estar definida qué es, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, sus atribuciones”, detalló Óscar Ruíz.

De las 2325 juntas registradas por ANDA hasta 2015, más de la mitad trabajan bajo la figura de asociación comunal, seguidas por las las casi 300 administraciones municipales. Cerca de 200 se autodenominan juntas de agua, aunque trabajen bajo otra figura legal. 

De acuerdo a Ruíz, desde el inicio de la discusión de la Ley General de Aguas, en 2006, las juntas de agua dieron aportes para contar con un marco regulatorio. Desde el artículo 72 al 75 quedaba la regulación de las juntas rurales de agua, los permisos, etc. Esa versión de la ley es la que la actual legislatura archivó. 

“Ya en 2017 trabajamos una propuesta de modelo de atención a las juntas rurales, ahí desarrollamos todos esos componentes. Y a finales de 2018 e inicios de 2019, nosotros presentamos una propuesta de reglamento que desarrolla todos estos temas. Y nosotros hablamos de apoyar a las juntas de agua pero también hablamos de regularlas”, añadió Ruiz. 

Por su parte, el coordinador del Foro del Agua, Carlos Flores, consideró que esto “limita porque da espacio a la gestión arbitraria de los funcionarios”. Para Flores, en la Ley General de Recursos Hídricos, no debería aplicarse el canon a las juntas: “en las discusiones de la Ley General de Aguas se creó el Permiso de Abastecimiento de Agua a Poblaciones Rurales. 50 años de vigencia, no pagan derechos administrativos y no pagan canon. Ese concepto de permiso está vinculado a la definición de juntas de agua. Definía juntas de agua y después les generaba un permiso. Ahora no hay ni una ni otra”. 

“¿De qué estamos hablando? Un sector históricamente excluido, nunca ha invertido el Estado en ellos y ahora les quieren cobrar solo por usar el agua y le das un permiso de cinco años que pone en riesgo el abastecimiento”, complementó Flores.

La referencia de Flores es al artículo 61 del anteproyecto, donde habla de permisos, y garantiza periodos de 15 años a los grandes explotadores del agua, que consuman 473,040 o más metros cúbicos al mes, que lo califica como nivel uno; el nivel dos son los que utilicen menos que eso, ahí se ubican las juntas de agua. 

Mientras, en el artículo 93, la propuesta de ley detalla que “todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen aguas nacionales deberán pagar anualmente su valor mediante el canon por uso o aprovechamiento y el canon por vertido”. Y en el artículo 95 desarrollan los siete criterios para establecerlos sin nombrar excepciones para los sistemas comunales.

Las juntas desde los ojos del Estado

El pasado 26 de agosto, la Comisión ad hoc que estudia la Ley General de Recursos Hídricos recibió a la representación de organizaciones sociales y academia, estos expresaron la necesidad de incorporar a las juntas de agua como figura y en los permisos del uso del agua. Tras esta participación, los diputados también recibieron a personeros del ejecutivo, uno de estos fue la ministra de Vivienda y ex alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, Michelle Sol de Castro. 

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“[Como alcaldesa] pude ver cómo en las comunidades de escasos recursos las juntas de agua se tomaban la atribución que ellos querían para el cobro de agua y les cobraban ocho dólares mensuales a cada familia de escasos recursos. Aparte que ni siquiera había un control de calidad del agua, un control de saneamiento, verificar cómo está el agua”, relató la ministra. 

“También tenemos que decir que estas juntas de agua se han hecho por el interés que hubo en el pasado de no llevar agua de calidad a las residenciales y comunidades, porque si hubiera habido una buena distribución, un verdadero interés, no hubiera habido necesidad de hacer estar juntas de agua, pero también se da el caso que no había una regularización de estas juntas de agua. También en las residenciales se han aprovechado, hay residenciales que se quejan que pagan hasta 60 dólares por su factura de agua”, agregó De Castro, sin ahondar en las diferencias entre una administración comunal y una administración autoabastecida en colonias de lujo. 

“Nosotros hemos visto, incluso con el presidente de ANDA, algunos casos donde muchas veces hasta la misma junta o la misma entidad privada ha vendido a empresas privadas el agua. Este tipo de cosas no puede estar ocurriendo. Entonces como lo venden, solo llega a ciertas horas en algunos sectores”, reseñó, por su parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. 

Tras esta intervención, el diputado por Nuevas Ideas, Saúl Mancía, tomó la palabra y dijo que la comisión entiende “la función de las juntas de agua en algunas municipalidades con la prestación del servicio”,  luego las reconoció como parte de la organización comunitaria. “Pero también se tiene que regular, porque no podemos estar permitiendo que a la gente le llegué agua contaminada con un sistema de servicio artesanal. También que se abuse con los precios cuando muchas veces estas juntas de agua han estado dando un servicio al doble del precio que lo brinda ANDA”, señaló. 

Para este reportaje se buscó la posición de ANDA y diputados de Nuevas Ideas, a la fecha las solicitudes de entrevista no han sido respondidas ni se pudo abordar a los diputados en la Asamblea Legislativa.

El futuro incierto

Para que exista un dictamen favorable del anteproyecto de Ley General de Recursos Hídricos y pase al pleno para su aprobación, solo existe una discusión pendiente sobre el nombre y otros detalles de forma en la comisión ad hoc. Tomando en cuenta la aritmética legislativa, poco podría cambiar del texto discutido al aprobado. Es decir, los sistemas autónomos de agua quedarían excluidos de esta ley. 

Muchas de estas juntas nacieron para cumplir un rol que corresponde al Estado: garantizar acceso a agua potable. Han desarrollado su trabajo sin la ayuda del Gobierno y, muchas veces, con este en su contra. Tras décadas de trabajo, todavía no logran ser tomadas en cuenta. La ley que por muchos años esperaron que les abriera camino a su reconocimiento y regulación es posible que las ignore y las grave con un canon que pondría en crisis su funcionamiento y, por tanto, el servicio de agua potable para más de un millón y medio de salvadoreños y salvadoreñas. 


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