DESDE LA BRUTALIDAD DE LAS PANDILLAS A LA TIRANÍA DEL ESTADO
Por: Guille Orellana S, Sofía Galeano
El régimen de excepción en El Salvador ha permitido a la policía y soldados detener personas sin orden judicial, extendiendo los plazos de detención hasta seis meses y suspendiendo el derecho a la defensa. Esta medida ha llevado a la detención de más de 60,000 personas, con solo 2,000 liberadas, por falta de vínculos con pandillas, generando hacinamiento insostenible en las prisiones y denuncias de abusos contra la comunidad LGBTIQ+.
En marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele implementó el régimen de excepción como parte del Plan Control Territorial, el caballo de batalla del gobierno para combatir a las pandillas. Este régimen incluye la suspensión de derechos y la ampliación de los plazos de detención en el periodo de investigación, entre otras medidas.
Un mes después, Esteban, hombre transgénero y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, viajaba en un autobús del transporte colectivo, dirigiéndose a la organización a la que pertenece: Cultura Trans. Un grupo de policías abordó el autobús para hacer una revisión.
La policía obligó a Esteban y a otras personas a descender del autobús para revisarlos. Sin embargo, centraron su atención en él, por sus tatuajes artísticos y cuestionaron por qué su nombre era diferente en el documento de identidad.
Tres meses antes, en febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia instó a los diputados a crear un marco legal para permitir a las mujeres trans cambiar su nombre en sus identificaciones oficiales, con un plazo de un año. Hasta agosto de 2024, la Asamblea Legislativa no ha cumplido con este requerimiento.
Alessandra Sandoval de 24 años estaba en su casa, junto a su hermano y su madre. Varios policías irrumpieron en su casa y la detuvieron, ella mostró su documento de identidad pero le dijeron que no era válido y que se la llevarían por suplantar la identidad de otra persona.
– Si sos culero, ahí adentro te van a hacer hombrecito – le dijo uno de los soldados antes de llevárselo.
Juan Carlos Sandoval, hermano de Alessandra, denunció públicamente su situación, pero semanas después fue detenido sin orden judicial. Sus compañeros de Cultura Trans afirmaron que Juan era amenazado por pertenecer a la organización. La fiscalía emitió la orden judicial cuando ya estaba en bartolinas.
“Las personas no denuncian porque tienen miedo a ser perseguidas. Todos conocen a alguien que denunció y que después se lo llevaron detenido arbitrariamente. Por las condiciones de régimen que estamos ahorita no hay acceso a la justicia”, expresó Ester Flores.
Era la tarde del domingo 8 de mayo, cuando Keiry Mena, mujer trans de 44 años salió de su casa a comprar esmaltes de uñas para su negocio. Mena se formó como estilista en la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans. Ella tenía su negocio en su domicilio, ya que no contaba con un local comercial propio para atender a sus clientes.
Cuatro policías la interceptaron y la detuvieron afuera de su domicilio ese 8 de mayo, Su paradero es desconocido.
En 2022, la Asociación AMATE documentó 41 casos de detenciones arbitrarias y ataques de las fuerzas de seguridad contra personas de la comunidad LGBTIQ+, incluyendo tratos crueles e inhumanos, persecución, humillación a mujeres trans y desplazamientos forzados.
AMATE registró la detención de 9 personas bisexuales; 8 personas gays; 7 mujeres lesbianas; 4 mujeres trans y 1 hombre trans, el cual supondría el caso de Esteban. Así mismo, desde abril hasta diciembre de 2022, AMATE acompañó el caso de 27 detenciones arbitrarias, 26 casos de esos, fueron acusados de asociaciones ilícitas y un caso por agrupación ilícita.
Incumplimiento de leyes para la comunidad LGBTIQ+
Según Claudia Argueta, abogada y coordinadora del área de inclusión social de CRISTOSAL, es importante que existan leyes que den garantía a los derechos de las personas diversas, sobre todo en el tema de las mujeres trans.
Justamente, en contextos de detención masivas como ha pasado con el régimen de excepción, se vuelve más urgente la falta de una Ley de Identidad de Género, que acarrea con esta situación al no respeto a la comunidad LGBTIQ+”.
De hecho, en noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia optó por finalizar una colaboración con una entidad dedicada a la capacitación sobre temas de identidad. Esta colaboración tenía como objetivo sensibilizar a jueces y personal judicial respecto a las peticiones de personas que buscan cambiar su nombre e identidad legalmente.
Esta decisión se sumó a la finalización de otros convenios previamente establecidos con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la mesa de diversidad de la Secretaría de Inclusión Social. Estos acuerdos, mantenidos en gestiones anteriores, se dieron por terminados, coincidiendo con el inicio del mandato del presidente Bukele.
Organizaciones LGBTIQ+ piensan que el gobierno está enfocado en mejorar la infraestructura con el objetivo de atraer al turista extranjeros, dejando de lado la mejora en derechos humanos.
En noviembre de 2023, el TSE anunció que firmaría un acuerdo con ASPIDH – TRANS para la participación de la comunidad LGBTIQ+ en las elecciones 2024 con el rol de facilitadores y observadores , sin embargo, en redes sociales la decisión fue ampliamente criticada, generando burlas y descontento, minando el avance de dicho acuerdo.
Soldados abordaron al artista y activista Marvin Pleitez cuando regresaba de hacer unas diligencias, lo retuvieron por unos minutos, mientras lo cuestionaban y le quitaban su teléfono celular y su DUI para investigarlo. Los soldados se dieron cuenta de que Pleitez era Lady Drag.
Los soldados retuvieron a Pleitez unos segundos después de hacer una llamada a bases, para saber si tenía algún proceso pendiente con el Sistema de Justicia. Luego, recibieron instrucciones de dejarlo marchar. El soldado le dijo que se quedaría con su celular, pero Pleitez protestó, a lo cual, el soldado le dio a escoger entre el celular o su detención.
Sin embargo, muchos miembros de la comunidad no corrieron con la misma suerte que Pleitez como es el caso de Esteban: “Lo golpearon e hincaron. Luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido. Hicieron que se quitara el binder que es la camisa compresora que usamos para que se nos vea el pecho plano. Hicieron que se desnudara para revisar si no tenía más tatuajes”, dijo un allegado a PRESENTES.
Así mismo, sin saber el destino de los hermanos Sandoval, familiares y miembros de la organización los buscaron en medicina legal, en donde les solicitaron que reconocieran el cadáver de otra mujer trans.
“A la compañera (que estaba en Medicina Legal) la abusaron sexualmente policías y militares e, inclusive, la metieron a las bartolinas de hombres para que fuera abusada. Los paquetes nunca se los pasaron”, contó un miembro del colectivo Cultura Trans que llegó a reconocer ese cadáver. No era Alessandra, según narró a La Prensa Gráfica en una nota publicada en marzo de 2024.
A finales de 2023, la organización LGBTIQ+ AMATE contabilizaba 53 casos de vulneraciones a poblaciones LGBTIQ+, de estas, 39 son detenciones arbitrarias, principalmente mujeres trans y hombres gay. Según integrantes de AMATE, el régimen de excepción sirve como mecanismo de intimidación y amenaza para la comunidad LGBTIQ+.
Según Argueta, esta medida se ha prorrogado constantemente, lo que ha convertido una respuesta temporal en una situación prácticamente permanente, con graves consecuencias para la población civil. Lo que comenzó como una estrategia de combate a las pandillas ha derivado en una política de represión estatal, que limita derechos básicos como la libertad de expresión, asociación, y el debido proceso.
En 2023, la asociación ASPIDH-ARCOIRIS TRANS reportó 122 casos de vulneraciones en todo el territorio nacional, siendo el departamento de San Salvador el más afectado con un total de 67 casos. Los datos recabados por la asociación registran un total de 11 tipos de vulneraciones, entre las que destacan discriminación, intimidación o amenaza, y detención ilegal.
De los 122 casos de vulneraciones en 2023, la población trans fue la más afectada con 52 casos, representando el 42.62% del total. Por su parte, la población gay sufrió 34 vulneraciones, es decir, el 27.87%. La población bisexual registró 19 casos (15.57%), las lesbianas 11 casos (9.02%) y otros casos sumaron 6 (4.92%).
En este contexto, Argueta menciona casos de violencia y discriminación sistemática, con personas detenidas simplemente por su orientación sexual o identidad de género. «El régimen de excepción ha servido como instrumento de tortura y castigo»,
Además, afirma que aludiendo a la impunidad con la que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones violentas y tratos crueles hacia esta población. Este abuso resuena con la brutalidad que antes infligían las pandillas, pero ahora es perpetrado por los representantes del gobierno bajo el manto de la legalidad.
En ese sentido, los datos recabados por ASPIDH-ARCOIRIS TRANS, menciona que personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), militares y miembros de pandillas son los principales perpetradores de vulneraciones contra la comunidad LGBTIQ+ desde los años 80, según registros. El CAM ha cometido 34 vulneraciones, principalmente discriminación y acoso.
Los militares son responsables de 26 casos de vulneraciones, destacando acoso y discriminación. Ninguna de las víctimas denunció estos hechos. Sin embargo, las pandillas han ejercido el mayor número de vulneraciones, con un total de 54 casos, entre los que destacan intimidación y extorsión. De estos 54 casos, solo 5 fueron denunciados, es decir, un 9.26%, mientras que 49 personas (90.74%) no denunciaron.
Además, los datos registran que la vulneración más común dentro de la población LGBTIQ+ es la discriminación, con 130 casos. La población trans es la más afectada, con 62 casos. Cabe mencionar que, el porcentaje de denuncias es mínimo en todos los casos de vulneraciones, y las personas han realizado las denuncias mayormente en las estaciones de policía.
Lucha histórica en oídos sordos
“Desde antes, fuera del marco del régimen de excepción ha sido una lucha histórica que muchas organizaciones sociales y principalmente que defienden o promueven agendas LGTBIQ+ han venido propiciando”, menciona Argueta, sobre la lucha de la comunidad LGBTIQ+ ha enfrentado durante años, primero contra el asedio de las pandillas y hoy, frente al asedio del Estado y el régimen de excepción.
Además agrega que las organizaciones han intentado tener diálogos sobre propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa que ahora han sido archivadas, como la propuesta de Ley de Identidad de Género que la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó a la Asamblea Legislativa en marzo de 2018.
Para la directora general del colectivo LGBTIQ+, Venus Nolasco es necesaria una ley de identidad de género “Necesitamos una Ley de Identidad para todas las mujeres trans que habemos, que existimos y resistimos, que se nos vea como personas normales, no nos llaman por nuestros nombres, cuando les decimos ‘somos mujeres trans’, somos objetos de burla».
Ese mismo año, el entonces candidato presidencial, Nayib Bukele, descartó su apoyo, durante su mandato, a cualquier iniciativa que promoviera la unión entre personas del mismo sexo, durante un foro organizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, frente a las elecciones de 2019.
Cuando Bukele llegó al poder en 2019, ordenó cerrar la Secretaria de Inclusión Social, a la que pertenecía la Dirección de Diversidad Sexual, encargada de aplicar el Decreto Ejecutivo 56, aprobado en 2010 bajo la administración del Ex presidente Mauricio Funes Cartagena.
Para Nolasco este decreto era una forma de protección ante la discriminación en el ámbito laboral y personal “Hablaba de una sanción de uno a tres años de cárcel por discriminación según era de grave la denuncia”.
Cabe destacar que, en 2024, ASPIDH registra 313 vulneraciones a miembros de la comunidad LGBTIQ+ desde la década de los 80, según datos recabados por la organización.
Según el nivel de educación alcanzado, el mayor número de vulneraciones se ha registrado a nivel de bachillerato, con un total de 110 casos. De estos, 36 corresponden a la población trans y 29 a la población gay. Además, según la ocupación actual de las personas, los y las trabajadoras informales pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ suman 114 casos de vulneraciones, mientras que los activistas suman 16 casos desde que se tienen registros.
Conoce los casos aquí.
